Anexos al informe publicado en el semanario EL MEDICO, por Luis Vaquero.

 

LA JORNADA DE 35 HORAS SEMANALES

EL MÉDICO 21-III-03

 

 

En la primavera pasada los sindicatos Comisiones Obreras, CSI-CESIF y SATSE presentaron un proyecto de Estatuto Marco alternativo al elaborado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, por entonces ocupado por la malagueña Celia Villalobos, en el que se incluía una jornada de 35 horas semanales para el personal sanitario del Sistema Nacional de Salud y que suponía, por tanto, una norma unificadora de la jornada laboral en todas las comunidades autónomas. Pero este punto ha sido tratado por las autoridades sanitarias centrales con la cautela que la descentralización de competencias y la no resuelta aplicación de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo parecía imponerse en un tema tan enmarañado como éste. Por tal motivo, la Administración central decidió no incluir dicho punto en el último borrador de Estatuto Marco elaborado al poco tiempo y en el que fijaba como referencia el límite de las 48 horas semanales a las que hace referencia la Directiva 93/104/CE.

 

No obstante y dado que la mayoría de las Administraciones autonómicas tienen fijada una jornada de 35 horas semanales para sus trabajadores, las diez comunidades autónomas a las que le fueron transferidas las competencias sanitarias en enero de 2002 se apresuraron a establecer una jornada similar para su personal sanitario. Así, por ejemplo, la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad de Madrid consideraba como prioridad a principio del verano de 2002 la implantación de la jornada de 35 horas para el personal transferido, con la consiguiente adecuación de las plantillas mediante una Oferta Pública de Empleo Extraordinaria; y en similares términos se pronunciaban los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Cantabria por las mismas fechas, así como los de Asturias unos meses antes.

 

En otras comunidades, como es el caso de Baleares, fue la propia Administración autonómica la que manifestó desde un principio su voluntad de aplicar dicha jornada de 35 horas semanales. En Extremadura y Castilla-La Mancha, sus respectivos Gobiernos autónomos han afirmado en reiteradas ocasiones, que la jornada de 35 horas es ya efectiva desde primeros de año, aunque no todos opinan lo mismo. Cristóbal Guerrero, responsable de Salud de Izquierda Unida de Extremadura, considera que el Servicio Extremeño de Salud ha aplicado de forma unilateral su interpretación de dicha jornada, resultando irrisoria para los turnos rotativos y nocturnos y sin que ello suponga la creación de ningún puesto de trabajo, que los sindicatos estimaban que podrían aumentar en unos 750. Por su parte Fernando Lamata, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha reconoce que, a pesar de que la jornada de 35 horas se aplica desde el mes de junio de 2002 a los profesionales de Atención Primaria y a partir de enero a los de Especializada, queda por solucionar su aplicación para los turnos, rotatorios, que reclaman una reducción proporcional a la realizada al resto de trabajadores, tal y como reclaman los sindicatos, acogiéndose al Acuerdo de Bases firmado en abril de 2002.

 

Respecto a las comunidades con competencias sanitarias transferidas anteriormente, algunas como Navarra ya cuenta con las 35 horas semanales para sus trabajadores sanitarios, aunque en el caso de los médicos no queda estructurada de lunes a viernes. En Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud y los sindicatos llegaron en el año 2000 a un acuerdo para la aplicación de dicha jornada y lo mismo ocurrió en diciembre de ese año en el Servicio Vasco de Salud, aunque con críticas, por parte del Sindicato Médico de Euskadi en cuanto a su incumplimiento "con artimañas de dudosa legalidad".

 

 

A GOLPE DE SENTENCIA

EL MÉDICO 21-III-03

 

 

 

A pesar de las buenas palabras de la Administración, tanto central (que a pesar de ello sigue sin sacar el Estatuto Marco que regule este tipo de temas) como autonómica de las negociaciones con los representantes sindicales y de las leyes de ordenación sanitaria de las comunidades autónomas transferidas, lo cierto es que hasta el momento las posibles mejoras en las jornadas laborales del personal sanitario del Sistema Nacional de Salud se vienen produciendo por la vía judicial.

 

A la sentencia del asunto SIMAP, dictada por el Tribunal de Luxemburgo, han seguido una cascada de ellas dictadas a todos los niveles, desde los juzgados de primera instancia hasta el Tribunal Supremo, pasando por los Tribunales Superiores de justicia autonómicos (Valencia, Cataluña, Castilla y León, etc ...). Ante esta situación, Jenaro Izquierdo Silla, secretario general adjunto de CESM-CV lanzaba en marzo del pasado año una dura crítica a lo que consideraba como "la vía judicial en su versión kamikaze" llevada a cabo por el Sindicato de Médicos de Asistencia Pública, al que acusaba al mismo tiempo de amarillismo.

 

Dado que el trabajo realizado durante las guardias considerado por los tribunales como computable, pero no necesariamente como ordinario, Jenaro Izquierdo se muestra más favorable a la negociación con la Administración de una trasposición racional de la Directiva, evitando así que se deje en manos de aquélla unas soluciones arbitrarias, con efectos perversos y que puedan suponer un empeoramiento encubierto de las condiciones de trabajo.

 

También advierte del peligro que puede suponer el reconocimiento de los turnos rotatorios, que la CESM rechaza, pues "el médico, por ejemplo estará obligado a trabajar el lunes por la mañana, el martes por la tarde, el miércoles por la noche, descasará jueves y viernes enteros, teniendo así el descanso y las 35 horas semanales juntas y volverá a empezar el sábado el turno, etc..." Por último, aun liberando al médico de la obligatoriedad de hacer guardias, éste no puede acogerse a tal "redención" sin perder un 25 por ciento de sus ingresos mensuales.

 

Ante estos argumentos, Juan Benedito afirma que el problema de la judicialización de la Directiva estriba en que si las fuerzas sindicales o sociales con mayor implantación no la realizan, tienen entonces que llevarla a cabo las más modestas, por lo que todo marcha más lentamente.

 

En este sentido, Benedito considera que, por ejemplo, la CESM no entiende lo que sor turnos rotatorios, "cuando este sindicato dice que nos van a obligar a trabajar a turno –afirma el presidente del SIMAP- hay que ver a que se refiere, si a la interpretación de diccionario o a la legal. Por el hecho de hacer guardias, estamos ya trabajando a turnos, esto es lo que dice el Tribunal de Luxemburgo; la CESM cree que la Administración nos hará trabajar a turnos similares a los de enfermería, pero ningún gestor español se atrevería a hacer eso, ya que en el extranjero se reirían de ellos, sería la primera experiencia en el mundo para los médico y, visto desde otro punto, se necesitarían cinco facultativos por cada puesto actual, por lo que se conseguiría acabar con el paro médico". "Veinticinco años con un sindicalismo como el practicado por CESMSATSE –concluye el presidente del SIMAP- han conducido a la situación en la que ahora nos encontramos".