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LOS TRABAJADORES SANITARIOS Y EL CASO SIMAP:

levante 21.11.2000

España tiene el dudoso privilegio de ser uno de los países de Europa con mayor número de personas que, queriendo un trabajo, no consiguen encontrarlo. Es una situación tan presente en nuestra sociedad que para acotarla hemos creado un concepto nuevo, que ya entendemos todos, el paro. En los últimos años hemos visto como esas cifras de desempleo, para triunfo de todos, se han ido reduciendo. Y se nos ha explicado repetidamente que, sin duda, esa reducción se ha debido a los acuerdos para cambiar el mercado de trabajo a los que hace unos años llegaron los sindicatos y la patronal bajo la tutela del Gobierno, la "Reforma Laboral". En este contexto, cada uno ha mantenido escasamente modificada su valoración de la evolución de los números: siempre son magníficos para el Gobierno, siempre son secundarios a un gran esfuerzo suyo para los empresarios y siempre son insuficientes y de baja calidad para los sindicatos.

Ahora estamos pendientes de las anunciadas negociaciones entre el Gobierno y “los interlocutores sociales” para una nueva Reforma Laboral, de la que se nos dice que completará aquellos aspectos en los que la anterior no alcanzó plenamente sus objetivos. Los responsables gubernamentales de la política de empleo afirman que se va a emprender esta reforma del mercado de trabajo para disminuir el paro, con especial interés en mejorar la calidad del empleo generado.

Pero si "el mejor alcalde, el rey", sin duda, "el peor empresario, el Estado". Porque uno se pregunta dónde queda en todo esto el gran olvidado por todas las partes, el Sector Público. La actitud de algunos de los protagonistas de esta comedia resulta paradójica, por no llamarla indignante. Si bien es cierto que en el empleo público no participan los empresarios y es lógica su inhibición, resulta difícil de entender como es posible que los sindicatos mayoritarios, que tanto hincapié hacen en el aspecto de la calidad del empleo en las empresas, callen ante la situación que atraviesa el Sector Público. La actitud del Gobierno quizás sea comprensible, pero no puede ser en absoluto disculpable.

Siempre se ha dicho que España es un país de funcionarios y que la mayor ambición de los españoles es conseguir un trabajo como tal. Frente a esto, está de moda decir que un país moderno debe reducir el número de personas que trabajan para el Estado. No queremos entrar a valorar cuál es el tamaño adecuado del Sector Público, qué número de funcionarios debe haber, y es adecuado llevar adelante una política general de reducción de su tamaño. Pero en este momento lo que se está haciendo no es eso, sino simplemente una drástica disminución de la calidad del empleo público sin una reducción real de su tamaño.

El Sector Público está haciendo un uso de figuras contractuales de ínfima calidad, que son denunciadas cuando las emplea el sector privado, y que en definitiva llevan a crecientes diferencias entre los trabajadores, consiguiendo que por el mismo trabajo, cada uno tenga una consideración y un sueldo distintos.

Todo esto es especialmente evidente en la Sanidad. En 1.999 se reguló (Ley 30/99) la selección de personal de los Servicios de Salud (y en su artículo 7, la del personal temporal). Si bien las figuras contractuales y sus motivos resultan impecables sobre el papel, su uso en la realidad es muy distinto. El lenguaje coloquial ha acuñado ya un término para definir el tipo de vinculación laboral que se emplea en la mayoría de los casos: contratos basura.

Los contratos temporales son cada vez más frecuentes, y se apura su uso hasta límites increíbles, llegando incluso a hacer contratos de 24 horas repetidos en el tiempo (uno para cada "guardia", hasta un máximo de 10 ó 12 al mes). Además, casi nunca son interinidades, sino contratos eventuales por "acúmulo de tareas" y sin embargo, luego se perpetúan en el tiempo. Los contratos a tiempo parcial se realizan a personas que quisieran trabajar a tiempo completo y se permite que, por dudosos caminos, se consiga que en realidad se cumpla una jornada laboral completa. Y por último, se realizan subcontratas sin control de la calidad del empleo que las empresas ofrecen, llevando a cabo la transferencia de funciones desde lo público a lo privado, consiguiendo que las empresas interpuestas sean las únicas beneficiadas a costa de los derechos del trabajador... Y los contratos así realizados no generan antigüedad, llegan a no cotizar a la seguridad social más allá del estricto día de trabajo, no generan derecho a vacaciones ni a bajas por enfermedad..., en resumen, sin ninguno de los derechos de protección social generalmente reconocidos en nuestro país.

Otro problema añadido es que la prolongación de las situaciones de transitoriedad genera situaciones irregulares y crea derechos adquiridos que, llegado el momento de la cobertura definitiva de las plazas se invocan para modificar los procesos de selección. La resolución final siempre es insatisfactoria para todas las partes implicadas y termina atentando a los principios constitucionales de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.

Y todo porque en definitiva no existe una política definida en este tema. Las plazas no se convocan como funcionarios y se cubren con formas de infracontratación sin un modelo definido. La Ofertas Públicas de Empleo son meramente testimoniales, tardan años en resolverse y sólo incluyen un número mínimo de las plazas ya existentes de forma provisional, no respondiendo en absoluto a una planificación que relacione las necesidades y la convocatoria. De esta forma se consigue que lo peor de cada modelo caiga sobre el trabajador, sin recoger para él ninguna de las ventajas. Lo sorprendente es que prácticamente tampoco se ven beneficios para el Estado, salvo un mínimo ahorro económico al no pagar la antigüedad y una sumisión por miedo de dudosa justificación.

La realidad incuestionable es que la Administración Pública se permite mantener en la relación con sus trabajadores unas condiciones que jamás se le tolerarían a ningún empresario.

Denunciamos que en el momento actual la Administración, con la aquiescencia de los sindicatos mayoritarios, funciona sin modelo definido para la contratación, utilizando la necesidad de empleo de los trabajadores para obtener de ellos el trabajo sin las mínimas condiciones de seguridad y respeto a los derechos sociales reconocidos para el resto de los españoles. Dentro de la Sanidad esta situación de necesidad es especialmente intensa por la especialización de los profesionales que les impide buscar empleo en otros ámbitos.

Reclamamos para el Sector Público en general y la Sanidad Pública en particular la acotación de tiempos máximos de duración de los contratos temporales, la utilización mínima de las eventualidades, la desaparición de las eventualidades a tiempo parcial, la no utilización de empresas interpuestas para la contratación de trabajadores para la Administración, y, en definitiva, una Oferta Pública de Empleo anual y que incluya todas las vacantes reales. La ejecución sin dilaciones de la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo en el caso SIMAP que debe cambiar la consideración del tiempo de trabajo de los médicos, le ofrece a los gestores de la Sanidad Pública una oportunidad única de zanjar de forma definitiva y justa este tema, ciclícamente repetido en la administración española.

Dr. Miguel Pastor Borgoñón.

Valencia 23 de octubre de 2.000