El espejismo de los traslados en Sanidad
 

Ana Sánchez Guerrero

Psicóloga Clínica  Delegada Sindical del SIMAP

 

Publicado en El Mundo Valencia, el 13 de julio de 2010

 

 Cualquier ciudadano de un país democrático espera que su gobierno, desde el presidente al último director general, aplique las leyes que elabora y publica en el boletín oficial. Cuando los ciudadanos aceptan la reiterada vulneración de las normas y los políticos lo justifican, es posible que asistamos a la pérdida de principios que sustentan el estado de derecho. Esto es lo que ocurre con los facultativos de la Conselleria de Sanidad, todo un colectivo de empleados públicos que ve limitado desde hace años su derecho a la movilidad. La administración valenciana, incumpliendo su obligación, limita al mínimo los concursos de traslados o, como en el caso de los psicólogos clínicos, simplemente los reduce a cero.

 

El caso de la psicología clínica es tan clamorosamente injusto, que jamás se ha convocado un concurso de traslados para esta categoría profesional. Tras haber estudiado esta situación, el Síndic de Greuges ha recomendado a la Dirección General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad que convoque a traslados el 100 % de las plazas que conforman la Oferta Pública de Empleo (OPE) actualmente en curso.

 

Tanto las formas de acceso al empleo público como el derecho a la movilidad del funcionario están recogidos en normativas estatales y autonómicas. Mientras la Conselleria de Educación cumple con su obligación legal de convocar cada año las plazas vacantes a oposición y traslado, la de Sanidad las incumple sistemáticamente y sólo realiza convocatorias cada seis, diez, o incluso, en el caso de los psicólogos clínicos, cada diecisiete años y limita el número de plazas en traslado a menos del 25 % de las vacantes. Se vulnera así reiteradamente el derecho de los licenciados a acceder al empleo público y el de los facultativos estatutarios fijos a la movilidad entre centros sanitarios, en las condiciones y plazos legalmente establecidos.

 

La política de la Conselleria en relación a los traslados supone no sólo la discriminación de los facultativos sanitarios respecto a los funcionarios de otras Consellerias, sino también en relación a otras categorías profesionales dentro de la propia Conselleria de Sanidad, como la de enfermería, para la que se oferta prácticamente el 100% de la OPE en traslado. Supone además una ofensa para aquellos profesionales que demostraron su capacidad aprobando una oposición en condiciones de igualdad, mérito y capacidad y a los que ahora, a pesar de la experiencia y conocimiento acumulado, se les impide acceder a las plazas de las grandes ciudades donde podrían encontrar mayores oportunidades profesionales.

 

La reiteración de este trato discriminatorio ha llegado a parecer tan invencible a los profesionales que algunos acabaron por presentarse a nuevas oposiciones para optar a plazas cercanas a su domicilio, ante la falta de ofertas de traslado. La injusticia y discriminación del especialista en psicología clínica y del conjunto de especialidades sanitarias por parte de la Conselleria de Sanidad se ha repetido desde hace tantos años y se ha justificado de manera tan peregrina, que el profesional ha acabado por aceptarlo como un hecho inevitable. Pero, como ocurre con tantas tradiciones injustas en la sociedad, todo cambia cuando los afectados deciden ponerles fin y asumen su derecho. Si la legislación vigente lo apoya, si el Síndic entiende la situación y recomienda a la Conselleria que convoque las plazas ofertadas a la OPE previamente a traslados, ya no existe excusa ni justificación alguna que impida a la Conselleria convocar a traslados el 100% de las plazas ofertadas en la especialidad de psicología clínica. En realidad se trata sólo de cumplir la normativa vigente, pero hacerlo sería también un acto de justicia y de respeto a los profesionales.

 

Es necesario cumplir con la obligación de traslados anuales y OPEs anuales, reivindicación histórica del SIMAP desde que inicio su trayectoria y que, tan solo significa, igualar al facultativo con el resto de profesionales de la administración publica.