Las directivas europeas, el caso SIMAP y los MIR  

 

 

El colectivo de facultativos especialistas en formación (MIR) se ha caracterizado siempre por su gran ilusión en adquirir los conocimientos adecuados para poder encarar su futuro ejercicio profesional con las óptimas garantías. Este entusiasmo ha hecho que en pocas ocasiones se haya organizado y movilizado en defensa de sus derechos laborales, y así se han mantenido los abusos de una Administración sanitaria que siempre ha considerado el sistema MIR como el mal necesario para que la Sanidad pública española tenga credibilidad ante los observadores internacionales. El sistema sanitario público español, gracias al MIR, está considerado entre los mejores del mundo. A pesar de ello, gestores de talante autoritario miran con mal ojo este sistema, porque al garantizar la igualdad y la objetividad es difícilmente manipulable, evitándose arbitrariedades.

 

Sin embargo, periódicamente tanto aprieta el sistema gestor que se produce esa reacción no prevista del colectivo MIR. El primer firmante de este artículo recuerda con agrado la huelga de 1975, en época preconstitucional, que consiguió que la prestación profesional se realizara con contratos laborales sujetos al Estatuto de los Trabajadores (a pesar de que ello le costó el despido de su hospital durante un mes por "participar en alteraciones de tipo colectivo").El segundo firmante, igualmente, lo hace de las huelgas de principios de los 90, ya en época constitucional, que frenaron los intentos de la Administración de conceder titulaciones sin los requisitos apropiados (a pesar de que ello le costó amenazas sin fin y represalias de los directores de su hospital por "ser un cabecilla de la protesta").  

La sentencia de 3 de octubre de 2000 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con sede en Luxemburgo en el caso SIMAP ha supuesto un cambio radical en la consideración del trabajo de los médicos y marca un antes y un después en sus relaciones laborales. En la sentencia queda establecido:  

-Que la actividad de los médicos está incluida en lo regulado por las directivas europeas 93/104 y 89/391 sobre ordenación del tiempo de trabajo y aplicación de medidas para la mejora de la seguridad y la salud del trabajador.  

-Que el tiempo dedicado a la Atención Continuada al paciente debe tener la consideración de tiempo de trabajo y, por tanto, será computable dentro de la jornada máxima anual.

-Que el tiempo que supere el tope máximo deberá catalogarse como horas extraordinarias y ser, por tanto, voluntario.  

-Que es requisito indispensable, no sustituible por acuerdo o convenio sindical, obtener la autorización individual del médico para realizar tiempos de trabajo superiores a la jornada ordinaria.

  La directiva europea 93/104 constituye un documento de una claridad meridiana en el que se establecen unas condiciones mínimas en cuanto a protección social de los trabajadores de la Unión. En su introducción se establecen unas consideraciones que constituyen una auténtica declaración de intenciones a favor de sus derechos. Prácticamente, todas ellas son interesantes y resultaría excesivo en este momento intentar analizarlas todas. Pero, por ejemplo, valga como muestra de su espíritu la afirmación de que "la mejora de la protección /... / en el trabajo representa un objetivo que no puede subordinarse a consideraciones de carácter puramente económico'.En este contexto, resultaba cuanto menos llamativo, y probablemente inexplicable, que a la afirmación de que la 'Directiva se aplicará a todos los sectores de actividad, privados o públicos", siguieran tres colectivos de trabajadores que no tenían derecho a disfrutar de tal protección: los trabajadores del transporte y del mar y los médicos en formación. Con todo esto, las actividades de los residentes quedaban en una total e incomprensible desprotección en lo que a su jornada laboral se refería.

 

 Y mientras los médicos españoles que trabajamos en la Sanidad pública luchamos aún por que se nos reconozcan estos derechos (batalla ya ganada en los tribunales, pero, sorprendentemente, pendiente de aplicación por las autoridades competentes), nuestra pertenencia a la Unión Europea condiciona, afortunadamente, una mejora de la política social a un ritmo superior al de nuestro país. La directiva 2000/34 de 22 de junio de 2000 ha modificado las citadas excepciones y, además, en su preámbulo reconoce que no hay ninguna justificación para ellas. Como consecuencia incluye a los médicos en período de formación dentro de las actividades protegidas por las directivas de política social.

 En esta nueva directiva se establece que los Estados deberán poner en vigor cuantas disposiciones sean necesarias para su cumplimiento, y que, para los médicos en formación, el plazo para dicha adaptación normativa expira el 1 de agosto de 2004.Cierto es que algo análogo sucedía con los médicos de plantilla con el 23 de noviembre de 1996 y, sin embargo, todavía no se ha cumplido con dicha obligación. Y queremos resaltar que estas directivas obligan al Estado Español que, por tanto, no puede hacer dejación de su responsabilidad en las Comunidades Autónomas.

  Respecto a la jornada laboral máxima, y tomando como fecha de referencia el 1 de agosto de 2004, habrá un período transitorio de cinco años (más un plazo extraordinario suplementario de hasta 2 años y hasta un año adicional más).Durante este período transitorio ya se establece la obligatoriedad de fijar topes a la jornada máxima anual:

  -durante los tres primeros años, el número de horas semanales de trabajo no debe superar en ningún caso una media de 58 horas / semana.

  -durante los dos años siguientes, de 56 horas / semana.

 

-y durante el período restante de 52 horas / semana.

  -para finalmente reducir las horas semanales de trabajo a una cifra que exceda de las 48 horas semanales (circunstancia ésta que se produciría como máximo el 1 de agosto de 2012).

 

En este punto hay que insistir en tres consideraciones:

 

-la fecha de referencia de 1 de Agosto de 2004 es la fecha tope para adaptar la legislación española, siendo el periodo transitorio citado excepcional y voluntariamente asumido por las Administraciones sanitarias que se acojan a dicha excepción por tener dificultades para poder cumplir la directiva en el plazo fijado. No hay ninguna necesidad de apurar ninguno de los plazos.

  -una vez terminado el período transitorio, la jornada laboral a aplicar será la que en ese momento sea vigente para los españoles (sí, actualmente, es de 40 horas / semana es bastante probable que para entonces sea menos).

 -respecto a otros temas (tiempo de descanso) no hay período transitorio.

 

Hay que resaltar también que en su artículo 2, apartado 3, la directiva establece que los Estados podrán adoptar disposiciones distintas sobre el tiempo de trabajo, siempre que cumplan los mínimos que ella misma establece. Y se afirma, taxativamente, que "la aplicación de la directiva no constituye una justificación válida para la disminución del nivel general de protección de los trabajadores'.Por tanto, si en España la jornada laboral máxima es de 40 horas, no puede aplicarse otra para los médicos en formación.

 

Hemos de recordar que no asumir la obligación de respetar plazos, así como apurar al máximo los tiempos límite de adaptación y acogerse a períodos transitorios, es en el fondo una forma de no afrontar el problema, que agrava las discriminaciones y dificulta la normativización ágil y el respeto a los derechos de las personas.

  Un antecedente de un comportamiento irresponsable por parte de la Administración sanitaria española lo tenemos en la espera hasta el último día (1 de enero de 1995) para adaptar el tiempo de formación postgrado a las directivas europeas. Ello motivó el incremento de la llamada bolsa histórica de médicos sin la formación requerida por la Unión Europea y en la actualidad condiciona enfren­tamientos de difícil solución en los que entran en conflicto derechos crea­dos con normativas legales en dife­rentes colectivos médicos (médicos de familia y generales, MESTOS y MIR).

 

Nadie debe pensar que todo esto significa que los residentes no podrán hacer guardias, que tan importantes son en su formación como médicos asistenciales. Lo que quiere decir es que las deberán hacer de una forma adecuada tanto para su salud como para la de sus pacientes, y en todo caso retribuidas como corresponde.

 

 Es evidente que, salvo que se pro­duzca una inesperada y sorprendente diligencia por parte de nuestros gobernantes, los compañeros que actualmente realizan su período de residencia no verán modificadas sus condiciones de trabajo. La situación se mantendrá en sus características actuales y, además, se seguirá fomentando la confusión de que trabajar de una forma absurda, desproporcionada e insana, forma parte de las características del "buen residente", pues obedece a los que constituye la esencia de la profesión.

  Sin embargo, la Administración debe ser garante del orden jurídico y de la justicia social, a la vez que patrón de todos los trabajadores de la Sanidad pública y de la inmensa mayoría los médicos en formación. Es su obligación modernizar las disposiciones legales para adaptarlas a los tiempos que vivimos en nuestro país y, en definitiva, a las directivas europeas que se suponen que son su reflejo. Pero, también, debe establecer los mecanismos de control y los procesos educativos que permitan que tanto el espíritu como la letra de las normas se lleve a la práctica.

 

La Comunidad Valenciana es en la única de toda España en la que los residentes no tienen en su contrato una cláusula que les obligue a realizar una jornada laboral de 31 horas, empalmando una jornada ordinaria con una guardia y con la jornada laboral del día siguiente. El fin de esa aberración lo tuvo que conseguir el SIMAP, llegando hasta el Tribunal Supremo para el reconocimiento de su derecho a "librar' al día siguiente de una guardia. En el resto de España no tienen ese derecho. Pero la realidad es que, pese a la base legal, se les enseña la cultura de 'no libranza', se les estimula a quedarse, se presiona de todas las formas posibles para que sigan trabajando hasta las 31 horas... Es deber inexcusable de la Administración establecer los mecanismos para que las limitaciones a la jornada laboral no sólo sean posibles, sino que sean absolutamente ineludibles. Si la libranza es obligatoria (como han establecido los tribunales), permitir que se trabaje constituye una grave negligencia por su parte, negligencia que se vuelve culpable para todos los implicados cuando su motivación es simplemente la falta de los medios adecuados.

 

Conseguido pues que los médicos sean considerados como ciudadanos europeos en cuanto a política social, nuestra organización se compromete a luchar legalmente, presionar socialmente y a concienciar a los médicos jóvenes para que la Directiva Euro­pea 2000/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 2000 sea transcrita a la normativa española en el menor tiempo posible, sin esperar, por supuesto, a la fecha de 1 de agosto de 2004 y, evidentemente, rechazando la utilización de los períodos transitorios, suplementarios y adicionales previstos como excepción.

  Por esto, como por otras cosas, los médicos españoles hemos de estar organizados, sin dejarnos suplantar por organismos oficiales y organizaciones laborales que pretenden solventar su peculiar problemática, utilizando como arma de cambio los derechos de un pequeño colectivo profesional. Olvidan que si en la Sanidad todos son importantes, los únicos imprescindibles son los médicos.

 Vale la pena plantar cara. Hemos demostrado que es posible estar unidos y que se pueden consentir logros, sea por vía legal o por presión social. Los últimos fallos judiciales han empezado a sacarnos de la última bolsa de esclavitud existente en la Unión Europea y dicha bolsa no estará completamente rota hasta que el período de formación de los facultativos no salga de ella.

 

Juan Benedito Alberola y Miguel Pastor Borgoñón.

Semanario El Médico 16-02-2001