SIMAP solicita a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana la suspensión cautelar de la tramitación,
actualmente en curso.
31 DE OCTUBRE DE 2014
El Sindicato de Médicos de Asistencia Pública ha interpuesto recurso contencioso
administrativo contra el Acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana, de
fecha 12 de septiembre de 2014, por el que fue aprobado el Proyecto de Ley de
Salud de la Comunidad Valenciana. Como medida cautelar SIMAP ha solicitado a la
sala de lo contencioso administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana la suspensión cautelar del Acuerdo y, en consecuencia, del
proceso de tramitación del Proyecto de Ley que actualmente se encuentra en las
Cortes.
Tramitado en un tiempo record, el pasado día 12 de septiembre, el Pleno del
Consell aprobó el Proyecto de Ley de Salud y su remisión a las Cortes para su
oportuna tramitación. El proyecto normativo, con más de 110 preceptos, propone
la derogación de seis leyes vigentes, un decreto legislativo y cuatro decretos
con sus correspondientes modificaciones, por lo que su aprobación propiciará la
consolidación de un nuevo marco jurídico del sector sanitario valenciano en el
que, sorprendentemente, no se aborda la regulación del sector farmacéutico.
Lo más desconcertante del Proyecto de Ley es la vía de urgencia elegida, la
inusual rapidez en la tramitación y la falta de trasparencia sobre el alcance de
las modificaciones propuestas. El titular de Sanidad, Manuel Llombart, en
diferentes medios de comunicación ha venido calificando el Proyecto de Ley de
Salud como un “nuevo marco global e integrador de ordenación de la sanidad
pública” cuyos objetivos son “simplificar y reducir el régimen normativo
autonómico”. No cabe duda de que esto es así; pero ¿cuál es el fin último de la
norma? A la vista de su articulado, sin duda, la privatización y el
desmantelamiento de la sanidad pública valenciana.
Con el Proyecto de Ley queda clara la voluntad manifiesta del ejecutivo de
mantener y en su caso profundizar en la privatización de los servicios públicos
sanitarios y socio-sanitarios de la Comunidad Valenciana. En opinión del
Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (SIMAP), uno de los aspectos más
preocupantes del proyecto normativo es su objetivo, manifestado en el apartado
tercero del artículo 7, de consolidar en la Comunidad Valenciana un modelo
basado en la privatización de la gestión de servicios y centros de atención
sanitaria, actualmente mayoritariamente de gestión pública.
Este modelo privatizador de la asistencia sanitaria, rechazado abiertamente por
amplios sectores de la sociedad (Organizaciones de Usuarios y Pacientes,
Sindicatos, Organizaciones de Defensa de la Sanidad Pública), en absoluto ha
demostrado ser ni más eficaz, ni más eficiente que la gestión pública. Hasta la
Comunidad de Madrid, que proyectaba la privatización de varios de sus centros
sanitarios, finalmente, ha dado marcha atrás a la vista del rechazo de la
ciudadanía y de los profesionales sanitarios. En relación a esta cuestión, es
importante recordar que la sección tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia de Madrid, el pasado
año, dictó un auto en el que ordena la suspensión cautelar del proceso de
privatización de la gestión de seis hospitales públicos de la Comunidad de
Madrid en atención al criterio de que de seguir adelante el proceso de
privatización, los cambios en la gestión sanitaria pública serían ya
“irreversibles”.
En opinión del Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (SIMAP), con la
experiencia existente actualmente en la Comunidad Valenciana en relación al
modelo de concesiones privadas (Modelo Alzira); “deberían hacerse públicos, con
total trasparencia, los datos que permitiesen realizar una adecuada comparación
de ambos modelos de gestión: el público y el privado. Para ello sería necesario
que la Conselleria de Sanidad hiciese pública, toda la información sobre
diferentes aspectos que afectan a la gestión como ratios de personal, sus
retribuciones, el seguimiento de la calidad asistencial, así como el cálculo
real de los costes económicos de uno y otro modelo”. Para el SIMAP, “los
servicios públicos sanitarios y socio-sanitarios, que jamás debieron ser
considerados objeto de negocio, han de ser recuperados de las concesionarias
para su gestión pública”.
CONCHA FERRER TUSET, PRESIDENTA DEL
SINDICATO DE MEDICOS DE ASISTENCIA PÚBLICA (SIMAP)
CORREO: simap.central@gmail.com
