La mayoría de nosotros tiene la desagradable impresión de que la forma en que se han realizado tanto el concurso de traslados como la OPE podía haber sido otra: más clara, más dinámica, más justa.

Nos queda la sorpresa de la última fase de provisión, cuando, una vez publicados los resultados definitivos de aprobados sepamos por fin, las plazas ofertadas y para qué nos hemos esforzado tanto.

Esta forma de realizar la OPE, con esa gran incógnita final, ha obligado a que todo el mundo se sintiera en el punto de mira, con la duda razonable de que peligraba su puesto de trabajo y de que debía ir, a muerte, por si acaso. El desgate general de este tiempo ha sido tremendo y su repercusión sobre nuestras vidas y nuestra actividad asistencial también. Creemos que es una gran falta de responsabilidad por parte de la Conselleria someter a este estrés duradero a la mayoría de sus facultativos y que, con una regularidad en la convocatoria de las OPEs, con una diligencia en su resolución y con una información previa de las plazas a ofertar hubiera permitido una planificación lógica de sus profesionales y evitado este desgaste generalizado que, bien puede ser el origen de una epidemia de burn-out o desencanto profesional generalizado. Un motivo de desgaste más que se añade al provocado por nuestras sobrecargas de trabajo excesivas, la falta de satisfacción diaria al no poder realizar nuestro trabajo de la forma adecuada que creemos debe hacerse por falta de tiempo material y esperemos que, en esta coyuntura económica, no se sume también la falta de medios materiales. Y por si faltara algo más, la merma retributiva y de derechos consolidados como el bloqueo de la carrera profesional.

Antes del 2003, cuando se reguló esta forma de realizar las OPEs desligadas de los traslados, las cosas eran un poco más lógicas, y sobre todo, añadía claridad a los dos procesos, tanto el concurso de traslados, como al concurso oposición.

Tanto la consolidación de una plaza en propiedad como el derecho a la movilidad voluntaria de los que ya tienen una plaza en propiedad son derechos de los trabajadores públicos y que deben estar correctamente regulados y armonizados para que ningún  grupo sea perjudicado (eventuales/fijos). La regulación existe, lo que no hace nuestra Conselleria es seguirla.

Tras nuestras denuncias sobre la imposibilidad de ejercer el derecho a la movilidad voluntaria del personal fijo ante el Síndic de Greuges, este nos da la razón, e insta a la Conselleria a rectificar su actitud.

La postura del Síndic es clara: debe ofertarse previamente a traslados el 100% de las plazas que constituyen la OPE y aquéllas que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes éstas serán, y no otras, las que en su caso podrán ser objeto de Oferta de Empleo Público.

De esta forma, habría claridad en el concurso de traslados y las plazas ofertadas no serían aquellas, que, por motivos que mejor no considerar aquí, deciden ofertar y que han supuesto que en la mayoría de las especialidades se han cubierto menos de 50% de los destinos. Deja claro lo poco atractivos que eran para aquellos que pretendían acercar su lugar de trabajo a su lugar de residencia, motivo que suele ser el prioritario a la hora de participar en un concurso de traslados.

Pero, si funcionaran los traslados como defiende el Síndic, no sólo el personal eventual se vería protegido cuando ya tuviera su plaza en propiedad, sino que en su fase de personal eventual, podría saber de antemano la plazas ofertadas en los diferentes departamentos y si la plaza que ocupa en forma de vacante, aplicando los criterios de cese, sería susceptible de ser ofertada en la OPE. Con esta información sabría en que condiciones y con que motivación se enrolaba en el esfuerzo de presentarse a un concurso-oposición.

Para que podáis entender la argumentación que hace el Síndic de esta queja sobre cómo se ha desarrollado el concurso de traslados actual os trascribimos su resolución, que es pública…

…..Llegados a este punto pasamos a resolver el presente expediente de queja atendiendo a las siguientes consideraciones.

En primer lugar debe señalarse, tal cual se desprende de la legislación reguladora de la materia, que tanto el Estatuto Básico del Empleado Público, como el Estatuto Marco, al igual que el Decreto 7/2003 de 28 de enero, reconocen el derecho a la movilidad del personal con plaza en propiedad.

Ahora bien, tal derecho a la movilidad, no dejaría de ser un derecho falto de garantía, si el mismo no estuviese asegurado o garantizado por otros preceptos que vienen a constituir un deber para la administración en garantía del disfrute de dicho derecho; y así podemos ver como la Leyes de Función Pública, tanto la estatal como la autonómica, establecen que las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que no puedan ser cubiertos con los efectivos de personal existentes serán objeto de Oferta de Empleo Público; a sensu contrario, ha de entenderse que con anterioridad a confeccionar, aprobar y ofertar la Oferta de Empleo Público, la administración debe dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley de la Función Pública Estatal, en relación con los preceptos básicos, a la Ley de la Función Pública Valenciana y al Estatuto Marco, es decir, en primer lugar debe ofertar las vacantes existentes para su provisión por la vía de concurso por aquel personal que tenga la plaza en propiedad, esto, es, para ser cubiertas por los recursos humanos existentes, y aquéllas que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes éstas serán, y no otras, las que en su caso podrán ser objeto de Oferta de Empleo Público; por tanto, en la medida en que el proceder administrativo no se acomode a dicha regulación, se está vulnerando el derecho la movilidad del promotor de la queja.

En virtud de todo cuanto antecede, y atendiendo a las consideraciones expuestas en punto a la defensa y efectividad de los derechos y libertades comprendidos en los Títulos I de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el art. 29.1 de la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, reguladora de esta Institución, estimamos oportuno

RECOMENDAR a la Conselleria de Sanitat que, en primer lugar oferte las vacantes existentes para su provisión por la vía de concurso por aquel personal que tenga la plaza en propiedad, esto es, para ser cubiertas por los recursos humanos existentes, y aquéllas que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes éstas serán, y no otras, las que en su caso podrán ser objeto de Oferta de Empleo Público.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta esta recomendación o, en su caso, nos ponga de manifiesto las razones que estime para no aceptarla, y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art. 29 de la Ley 11/1988, reguladora de esta Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de la semana siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se insertará en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión del preceptivo informe, le saluda atentamente.

José Cholbi Diego

Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana

Así planteado el tema, es el turno de saber cual sería la postura adoptada por la Conselleria de Sanitat.