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REVISTA SAÓ NUM. 351 JULIO-AGOSTO 2010
La
Sanitat al País Valenciá
Pedro Durán, Médico del Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera
en Alzira (Valencia), además de responsable del área de concesiones
administrativas en el SIMAP-CV (Sindicato de Médicos de Asistencia Pública de la
Comunidad Valenciana).
En la última década,
la sanidad pública en la Comunidad Valenciana ha asistido a una transformación
en su gestión, que bajo la excusa de colaboración público-privada, se ha
convertido en una clara privatización del 30% de la sanidad pública
valenciana. Áreas sanitarias cómo las de Alzira, Denia, Torrevieja, Manises
y Elche-Crevillente ya han sido privatizadas en la gestión completa de sus
recursos humanos y materiales a través de una fórmula denominada concesión
administrativa, donde un grupo de empresas, generalmente cajas de ahorros (Bancaixa
y CAM) y compañías de seguros, se asocian de forma temporal para este fin
(por facilitar la lectura las llamaremos UTEs).
Estas asociaciones de empresas (UTEs), se unen de forma
temporal para dar cobertura a un determinado departamento se salud, recogen bajo
su cobertura a toda la población que pertenece a esa área sanitaria y cobran por
ello un importe pre-establecido a la Conselleria de Sanitat por garantizar una
adecuada asistencia sanitaria (esto supone una vulneración de la ley de la
competencia porque no arriesgan nada al tener la clientela asegurada y el pago
anticipado). Es decir, cogen del negocio privado lo mejor, aquello que aporta
beneficios y lo cobran de antemano. Lo que no resulta rentable no lo hacen y es
la Conselleria de Sanidad la que asume gastos que hasta el momento se han
mostrado difíciles de controlar.Las UTEs no asumen las
prestaciones ambulatorias de Farmacia y Oxigenoterapia, ni son de su cuenta el
coste de la Ortopedia ni del Transporte Sanitario ni del dispositivo SAMU.
Además los beneficios pueden ampliarse atendiendo a pacientes
de otros departamentos de Salud ya que esos facturan por separado.
En concreto captan clientes
de entidades privadas y públicas de todo el Estado Español al precio que
consideran conveniente. Se constituyen servicios «estrella» quirúrgicos que se
ofertan como servicios externos a otras entidades. Además se prima a las
especialidades médicas y quirúrgicas rentables económicamente, sobre las que no
son rentables y que poseen un coste social añadido. Por ejemplo, el hospital de
Alzira carece de UCI infantil y la atención a los pacientes VIH o trasplantes no
se realizan en este hospital comarcal. Y tienen la red protectora de la
derivación a la red pública tradicional de lo no rentable, a veces por la
derivación indirecta realizada por el propio paciente. Actuando, además, de
forma monopolística, pues se trata de la única empresa autorizada para
proporcionar la asistencia sanitaria de su área de salud.
Aunque lo expuesto llama la atención, lo cierto es que tiene
la cobertura normativa de la Ley 15/1997 de 25 de abril (BOE, 26 de abril
de 1997) sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de
Salud,
dónde deja en manos de la
Comunidades Autónomas determinar las peculiaridades del pliego de cláusulas
administrativas de las concesiones.
Para el control de las concesiones administrativas,
es decir, para asegurar que cumplen las premisas fundamentales del Sistema
Sanitario Público y de la Ley General de Sanitat se creó la figura del
Comisionado de la Agencia Valenciana de Salut. Entre sus
funciones está, tal como recoge la Resolución 20 de Julio de 2009, valorar la
idoneidad de los recursos humanos y materiales para el desempeño de las
funciones de aseguramiento sanitario. Porque es la Conselleria de Sanidad la
responsable última de la asistencia sanitaria de la población asignada a las
concesiones. Pero en la práctica, la figura del Comisionado genera serias
dudas cuando es un puesto político y designado por acuerdo entre la aseguradora
y las cajas de ahorro, estando estas últimas dominadas por el partido político
en el poder, claro defensor de este tipo de gestión. Por ello las cuentas nunca
están claras y no existe una verdadera fiscalización de los resultados, aunque
se vende que son beneficiosas económicamente y obtienen ganancias, además de
unos resultados en calidad asistencial de record. Sin duda, la enorme maquinaria
de marketing creada para extender el modelo en esta comunidad y en otras, está
permanentemente engrasada.
La gestión privada de recursos públicos en las UTEs realiza
la gestión de personal como en una empresa privada de corte estrictamente
«sólo beneficios». Los convenios colectivos que marcan las reglas del juego
entre empresa y sus trabajadores están recopilados en unos pocos folios que
recogen sucintamente el Estatuto de los Trabajadores y que obligan a trabajar
más horas (entre 180 y 200 al año) que el resto de la sanidad pública valenciana
a cambio de menor retribución fija (entre un 12 y 14% menor). No hay control en
la contratación de trabajadores, pues a pesar de utilizar recursos públicos no
se contemplan los principios constitucionales de acceso al empleo en condiciones
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Se debe ser políticamente,
ideológicamente y sindicalmente correcto para acceder a un puesto indefinido,
además de no padecer merma física ni mental alguna. Los trabajadores no tienen
las garantías del sistema público, pues no se asume el coste social del mínimo
porcentaje del 5% de personal con minusvalías y siendo instituciones que
utilizan dinero público, practican el despido libre.
Las dimensiones de las plantillas de médicos de estos
hospitales y de la red de centros de salud en Atención Primaria son inferiores a
las de cualquier área sanitaria gestionada directamente por la Conselleria de
Sanidad. Se produce una sobrecarga asistencial con altos índices de estrés y
burn-out de los profesionales con una alta tasa de abandono del puesto de
trabajo, pues ello se suma a que las condiciones laborales son peores que en los
centros de gestión pública directa (más horas de trabajo y menor retribución).
Se utilizan técnicas empresariales no vistas hasta ahora por los médicos de
asistencia pública (el despido es libre y las jefaturas funcionan como
verdaderos capataces). Además, para mantener el principio de autoridad, como en
cualquier empresa privada, se utilizan, a través de asesorías jurídicas
impecables técnicamente y, por supuesto, muy bien retribuidas por parte de la
empresa (o sea, indirectamente a través de los impuestos de los ciudadanos) todo
tipo de caminos legales para impedir cualquier tipo de reivindicación.
En ningún momento, se ha planteado que este tipo de gestión
se aplique a los grandes hospitales de referencia que no tienen posibilidades de
derivación y que tienen que ser autosuficientes. Se externalizan hospitales
secundarios que siempre pueden recurrir a los públicos cuando no saben, pueden o
quieren ocuparse de ciertos procesos o pacientes. Se trata siempre de
hospitales comárcales de mediano tamaño que tienen el colchón de los grandes
hospitales de referencia que suplen sus insuficiencias. Incluso se llega a
seleccionar procesos, primando los de poco coste y poca duración.
Se ha dejado entrar al capital privado en el mercado de la
Sanidad pública. Y se le ha dejado entrar con unas condiciones privilegiadas que
rompen los principios esenciales de la economía de mercado. No se respeta el
principio de la libre competencia ni el de la oferta y la demanda. Los clientes
son fijos y obligatorios (todos los ciudadanos del departamento de salud
correspondiente deben acudir al hospital designado). No hay competencia (sólo
existe un hospital público al que acudir). No hay impagados (el erario público
siempre paga, y a las UTEs, sin demora). Los gastos de difícil gestión los paga
directamente el erario público. Los ciudadanos deben saber que con sus
impuestos se está pagando una sanidad pública dónde empresas privadas van a
obtener beneficios. En caso de no tenerlos, las pérdidas se sufragaran vía
impuestos. De forma imperceptible quizá estemos caminando hacia unas formas de
medicina como la existente en los EEUU, donde la calidad de la asistencia médica
depende del nivel de ingresos del ciudadano.
Y encima, como se trata de empresas de seguros las que
obtienen las concesiones administrativas, todas se han hecho un reaseguro. Cada
empresa de seguros ha cogido sólo un Departamento de salud. La composición
accionarial supone que la empresa de seguros participa en el 51% (con lo cual
tiene garantizada la toma de decisiones) y el dinero público participa en el 49%
(las Cajas de Ahorro asumen la mitad de las pérdidas, a pesar de que son
entidades sin ánimo de lucro). La participación de este dinero público garantiza
la viabilidad del sistema, y además repercute negativamente en la sociedad al
montarse una infraestructura burocrático-administrativa ideal para proporcionar
cargos apetecibles a los afiliados al partido político que gobierna.
Actualmente nos encontramos ante un punto muerto en espera de
que la Ley 15/97 sea modificada, ya que recientemente se presentó en el Congreso
de los Diputados una proposición de ley por parte de Izquierda Unida y que fue
apoyada por el partido gobernante de la nación, el PSOE. Está pendiente de
enmiendas y de resultar modificada finalmente en la línea de limitar la
privatización de la sanidad pública, pudiera suponer fecha de caducidad a la ya
existente en la sanidad de la Comunidad Valenciana y volver a un sistema
tradicional de gestión directa de la sanidad pública que ha sido siempre ejemplo
y referencia de otros países.
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