El SIMAP (Sindicato de Médicos de Asistencia Pública) denuncia que los médicos y
resto de facultativos se encuentran totalmente indefensos ante los cambios
estructurales y funcionales que está imponiendo la Conselleria de Sanitat dentro
de su plan de ahorro en el déficit público.
La Conselleria, a través de los órganos directivos de los diferentes
departamentos de salud, está modificando de manera unilateral, sin contar con
los médicos ni con los agentes sociales, la forma en la que se prestará la
asistencia médica a partir de ahora.
El criterio del ahorro es la base de esta nueva organización y para poder
llevarla a cabo sin impedimentos incluyeron en el Decreto-ley la Disposición
Final Tercera en la que quedan suspendidos parcialmente todos los Acuerdos y
Pactos Sindicales firmados en el ámbito del personal funcionario y estatutario
incluidos dentro del ámbito de aplicación de dicho decreto-ley, en los términos
estrictamente necesarios, así como la inaplicabilidad de los convenios
colectivos en el personal laboral que contradigan lo dispuesto en el mismo.
Hasta la fecha no se han hecho públicos los cambios normativos, es decir, qué
parte de los Acuerdos y Pactos queda derogada y su nueva ordenación. Sin
embargo, ya se están poniendo en marcha las medidas organizativas sin que exista
regulación al respecto y sin informar de forma previa, como es preceptivo, a las
Juntas de Personal de cada Departamento de Salud. En esta reorganización de los
recursos humanos y de las funciones que deberá realizar cada uno de los
facultativos han dejado de lado la información y la negociación con los
representantes de los trabajadores. Las órdenes se trasmiten directamente desde
los coordinadores o las diferentes direcciones a los médicos. Cuando se trata de
instrucciones concretas que modifican sus condiciones de trabajo se trasmiten de
forma verbal. Muchos de los cambios que pretenden imponer contradicen normativas
de rango superior a los pactos y acuerdos, como por ejemplo la distribución y el
número de guardias a realizar en Atención Primaria que está regulada por el
Decreto 72/2001.
El SIMAP denuncia esta absoluta indefensión de los médicos: les imponen unos
cambios en sus condiciones laborales, en sus horarios, en el ámbito de actuación
tanto geográfico como funcional, como está sucediendo con los médicos de
Atención Primaria, sin que exista normativa que permita esos cambios. Estas
órdenes no se concretan en instrucciones escritas y firmadas por el responsable
de las mismas y por lo tanto dificultan el que puedan presentar alegaciones
contra ellas siguiendo el procedimiento legal de la reclamación administrativa.
Se está utilizando la técnica del tanteo con los profesionales que son
requeridos por las direcciones y los diferentes coordinadores, les informan de
lo que deben hacer y en función de la oposición que encuentran van modificando
las órdenes que dan a cada uno. En un tema trascendental como es la organización
de la asistencia médica, como ya es habitual, nos movemos en el terreno de la
más lamentable improvisación. Evidentemente, la posibilidad del despido
(considerar el elevado porcentaje de eventualidad) si no se pliegan a lo
indicado es algo que está presente, incluso de forma explícita, en muchas
ocasiones.
El SIMAP tiene casos registrados y denunciados ante la Conselleria, en los que
se fuerza al médico a trabajar en una categoría profesional diferente a la del
nombramiento que ostenta. Por ejemplo, el caso de médicos con un nombramiento
para la realización de guardias cuya función es cubrir las urgencias y su
retribución es únicamente por las horas realizadas como sucede con los
jornaleros. Como consecuencia de un contrato precario y que puede ser rescindido
en cualquier momento, se les hace cubrir el trabajo de los médicos de cabecera
para suplir bajas o ausencias por otras circunstancias sin que su nombramiento
permita esta actividad. No se le cambia de contrato como establece la ley. Los
responsables directos en la gestión de los departamentos de salud están
dispuestos a incurrir en este fraude de ley por tres razones: por el ahorro
económico, para conseguir evitar la intervención de la Conselleria de Hacienda,
que no daría la conformidad a la mayoría de las sustituciones y por último la
necesidad de cubrir la asistencia sanitaria a la población ante la ausencia del
médico titular.
La realidad es muy diferente de lo que imagina el Consell y no es posible
recortar y reducir recursos humanos en Sanidad sin deteriorar la asistencia, ya
que son crónicamente insuficientes y para intentar paliar esta situación, sin
sobrecostes, se han realizado durante lustros nombramientos en fraude de ley.
Otro ejemplo, también denunciado por el SIMAP: la realización de nombramientos
de lunes a viernes a Médicos de Equipo de Atención Primaria con un cupo fijo de
pacientes durante varios años. Son despedidos al terminar su jornada del viernes
y vuelven a ser contratados el lunes siguiente.
Existen muchos más ejemplos de la indefensión crónica de los médicos al saltarse
la normativa que regula sus condiciones de trabajo: para paliar la falta de
médicos, también en Atención Primaria, se reguló la figura del refuerzo por el
que, a cambio de un suplemento retributivo, cuando no se sustituyera a un
compañero del equipo, los médicos asumirían su trabajo. La falta de presupuesto
ha provocado que en muchos departamentos no se haya pagado en años estos
complementos y se haya obligado a los médicos a asumir ese trabajo. Incluso en
los dos últimos periodos vacacionales, se notificó únicamente con órdenes
verbales y evitar así la retribución económica. Los facultativos no
consiguieron, pese a la solicitud con registro de entrada, que se les asignaran
sus nuevas funciones con una instrucción escrita y firmada como legalmente está
establecido.
En muchas ocasiones estas instrucciones verbales son contrarias a lo que los
médicos entienden como una correcta asistencia sanitaria a la población y
consideran que ponen en riesgos a los pacientes. Así lo trasmiten y solicitan de
las diferentes Gerencias de Departamento que den esas órdenes por escrito y que
asuman la responsabilidad de las incidencias que puedan surgir por esta
organización de la atención médica. Un ejemplo grave de esta forma de proceder
es cuando se ordena al médico de cabecera la incorporación inmediata como único
médico en el equipo SAMU en la asistencia a una urgencia en el Departamento de
Salud, sin tener nombramiento, certificación ni entrenamiento para ese puesto,
abandonando la consulta de Atención Primaria que tenía programada y debiendo
reanudarla al final de la asistencia, con la demora sufrida y el perjuicio
subsiguiente a los pacientes de su cupo.
El SIMAP considera que esta movilización del personal facultativo no es
correcta, no se ajusta a la normativa vigente y puede tener consecuencias
graves. Así lo hemos denunciado ante la dirección General de Recursos Humanos de
la Conselleria de Sanitat en septiembre del 2011, solicitando que evite estas
prácticas fuera de toda regulación y encaminadas a producir situaciones
conflictivas y que pueden suponer graves perjuicios tanto para los profesionales
implicados como, sin duda, a los pacientes atendidos. No sólo no hemos obtenido
respuesta alguna, sino que esta práctica se ha ido implantando en la mayoría de
los departamentos de salud y ya se ha informado a los médicos de primaria, por
supuesto sólo de forma verbal, de los días que no habrá médico de emergencias en
las unidades SAMU y tendrá que ser sustitui-do por el médico de cabecera.
Otro ejemplo que se está produciendo en los Centros de Salud con puntos de
atención urgente es la reducción del número de médicos de guardia como
consecuencia directa de los recortes en Sanidad en el capítulo de recursos
humanos. A determinadas horas permanecerá un solo efectivo en muchos centros,
generalmente durante la noche. El médico de guardia en Atención Primaria debe
atender a los pacientes que acudan al centro, pero también a las ur-gencias que
ocurran fuera del mismo en su área de actuación. Si le requieren por una
urgencia en un domicilio o en la calle debe abandonar el puesto en el Centro de
Salud. En ese caso, el centro se queda sin personal facultativo. Los médicos
tampoco consiguen en este caso sus instrucciones por escrito y además no conocen
o no tienen actualizado el reglamento de régi-men interior, que debería indicar
claramente la forma de actuar en estas ocasiones. Por ello, no deben asumir la
responsabilidad de decidir en qué punto dejan de ejercer sus funciones y asumir
las consecuencias de abandonar en su caso su puesto de trabajo y no estar
presente si en ese momento acude una urgencia médica o hacer negación de la
asistencia cuando ha sido requerido fuera del centro.
Todas las reclamaciones presentadas contra éstas y otras prácticas, tanto a
nivel individual como desde el SIMAP, están condenadas a terminar en la
interposición de demandas judiciales por la falta de respuesta de la
Administración. Así se consigue que la Conselleria saque partido de la demora en
años de la solución del problema y que el facultativo esté obligado a una
inversión económica considerable cada vez que se vulneren sus derechos.
La Conselleria confía en que esta forma de actuar desanime a la mayoría de los
afectados. Son muchos años de indefensión que nos han llevado a una tremenda
asimilación de las situaciones deletéreas en nuestro quehacer diario. Se produce
una docilidad que pocos de los que no la sufren entienden, y que se alimenta
muchas veces de la necesidad de estar centrados en nuestro trabajo y en los
problemas de nuestros pacientes. Nuestra cabeza y nuestra fuerza no llegan a
más. Nuestro objetivo es poder atender el trabajo del día y prepararse para el
siguiente.
Esta situación no es adecuada para nadie, ni para la salud del médico ni para la
calidad de su trabajo, que es la salud de sus pacientes, pero en este punto
también tiene ganada la batalla la Conselleria de Sanitat al conseguir que las
unidades de prevención de riesgos laborales no funcionen. Pese a años
insistiendo y denunciando desde el SIMAP, no hemos conseguido que se estudie el
riesgo laboral que sufre nuestro colectivo y que es específico por la gran carga
mental que supone la práctica médica. No se evalúa el riesgo de nuestro puesto
de trabajo, no se realizan medidas preventivas, no se investigan siguiendo la
normativa los accidentes laborales, no se atienden las solicitudes de adaptación
del puesto de trabajo incluso después de haber sufrido enfermedades graves.
Cualquier actuación en este campo por parte del SIMAP y de los facultativos
suele acabar en la misma vía muerta, incluso cuando se denuncian ante la
inspección de trabajo.
En estos momentos, con la situación añadida por los recortes, la pérdida de
normativa a la que atenernos y las tácticas de la imposición directa a través de
órdenes verbales ponen en evidencia, todavía más si cabe, la indefensión que han
tenido la mayoría de los médicos que trabajan en la sanidad pública. Esta
indefensión se alimenta, entre otras cosas, de la gran tasa de eventualidad
existente dentro de los facultativos, que triplica la del resto de categorías
profesionales, y del abuso en los contratos de muy baja calidad.
Desde el SIMAP insistimos en que es imprescindible que, antes de cambiar las
condiciones laborales de los médicos, la Conselleria establezca con claridad la
normativa que va a ser derogada y cuál va a ser la nueva regulación, para que
podamos defendernos de aquellas situaciones que no se ajusten a derecho.
