Hace
tiempo que nuestro gobierno empezó la cuenta atrás. Sin pausas y con prisas,
nos conduce hacia un desmantelamiento de la Administración del Estado y de los
Servicios Públicos básicos. Corren malos tiempos para la Sanidad Pública, veámoslo.
Se
ha pasado de como dice el Art. 43.2 de la Constitución Española: “compete a
los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios....”,
o también el Art. 10 de
la Ley del Servicio Valenciano de Salud por la cual se creaba “para la
protección y promoción de la salud y atención sanitaria...”y para
lo cual “gestiona y presta
los servicios...”, se ha pasado decimos a una nueva ley (15/1997 de 25
de abril) de la primera legislatura del Gobierno del Partido Popular “por la
cual se habilitan nuevas formas de gestión del Servicio Nacional de Salud”
que señala en su primer y único artículo “la posibilidad de que la gestión
y administración de los centros, servicios..., podrá llevarse a cabo por
cualquier entidad admitida
en Derecho ¿y por qué no una empresa de capital privado, con ánimo de lucro?.
No
es necesario explicar cuales son los objetivos, lícitos por otra parte, de las
empresas. Pero, ¿es esto adecuado cuando estamos hablando de la salud? ¿Por
gestionar, administrar o prestar un servicio sanitario: tratar las anginas de su
hija, curar la neumonía de su padre, u operar la cadera de su abuela o promover
hábitos de vida saludables... debe la empresa tener beneficios? ¿Cuántos?.
Todos
decimos que la salud no tiene precio, pero tiene un coste, y a este coste habrá
que añadir ahora el beneficio empresarial. Lógico: claro, legal: si, políticamente
correcto: por supuesto estaba en el programa, ético: a quién le importa la ética.
Así pues ¿debe ser la
salud de todos un negocio para unos pocos?.
Nuestro
Gobierno lo tiene claro: SI
¿Por qué no?
Recientemente
la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana anunció en las Cortes,
durante el debate de política general, la decisión de extender la gestión
privada a la asistencia primaria del área 10 (comarca de la Ribera Alta). Recuérdese
que la asistencia especializada y hospitalaria en esta área ya está traspasada
a una empresa privada.
Habrá
que esperar a conocer los detalles, pero parece ser que será una buena dote: se
le quitará el hueso de la prestación farmacéutica que seguirá siendo
gestionada y pagada por la administración, o sea, por el ciudadano vía
impuestos. No son de extrañar las primeras reacciones de gran satisfacción de
representantes de la empresa que se sabe ganadora de la adjudicación, la misma
que ya gestiona el hospital de Alcira.
En
resumen, el gobierno se quita de encima el dolor de cabeza de la sanidad que ya
no será su responsabilidad inmediata y directa y la empresa gana y crece
(estamos hablando de la gestión de varios miles de millones). Y
usted, ciudadano que usará los servicios, no sabe nada, ni se
le explicará nada, porque usted no entendería qué son las nuevas formas de
gestión, ni cual es la concepción moderna de la política social o la medicina
sin escalones, y el gobierno piensa que ni falta que le hace. En la exposición
de motivos de la ley 15/97, citada antes, se dice que las nuevas formas
de gestión se hacen “con vistas a mejorar la eficacia...” ¿Seguro que
mejoran la eficacia? ¿Está demostrado?. Y
si es cierto ¿Por qué no hace lo mismo el Estado?. Sólo nos queda decir:
Muerto el Estado, “Viva la Empresa Privada”.
Fdo.
Dr. Vicente Bigorra
